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Acabamos de publicar un artículo de nuestro compañero José María Medina en el blog 3500 Millones de El País, sobre el estado del anteproyecto de ley para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Una ley en la que nos jugamos mucho más de lo que podamos pensar: graves problemas de sostenibilidad y de aumento del precio de los alimentos, que contribuyen al hambre y empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables.
Hace más de una década que Naciones Unidas viene alertando sobre el problema del desperdicio alimentario, pero España no ha aprovechado suficientemente estos años. Se puso en marcha la estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, pero no se han establecido mecanismos de medición y análisis y, por tanto, no se ha analizado el desperdicio en el conjunto de la cadena alimentaria. Ahora le ha llegado el momento a la ley.
Desde el pasado otoño el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) está trabajando en el proyecto de ley que, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, será remitido a las Cortes y se espera que esté aprobado antes de final de año. Enraíza Derechos impulsó en noviembre junto a otras organizaciones sociales un taller para elaborar nuestras propuestas y el pasado 31 de marzo un foro para contrastarlas con el Gobierno y los demás agentes implicados.
Estos son algunos de los elementos fundamentales que aún quedan por definir:
- Todos los actores coinciden en que la prevención debe ser la medida número uno a priorizar, es decir, evitar que se produzca el desperdicio.
- Una demanda importante es que que se analice cuantitativa y cualitativamente el desperdicio de alimentos con una metodología común y armonizada, pero esto aún no está claro si entrará en la ley o posteriormente como reglamento, retrasando un ejercicio fundamental.
- Además, la ley tendrá la consideración de legislación básica, por lo que deberá ser aplicada por las comunidades autónomas. Esto requiere una adecuada coordinación entre administraciones.
- Otro punto clave es que todos los actores involucrados, desde la producción hasta la venta, deberán contar con un plan de prevención de pérdidas, pero no está definido cómo podrán llevarlo a la práctica, si habrá modificaciones en función del tipo, tamaño… de la empresa y si contarán con ayudas para ponerlo en marcha.
- Tampoco está claro qué planteamiento va a dar el Gobierno a la exigibilidad de la norma y sus mecanismos de control.
- Se necesitan suficientes recursos para desplegar las medidas que reduzcan en un 50% el desperdicio alimentario antes de 2030, pero no hay ninguna previsión en el anteproyecto. Si esto sigue así, la ley nacerá condenada al fracaso.
