La aprobación de una ley no siempre marca el inicio real del cambio. A veces es solo el punto de partida. Un año después de que se aprobara la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario se activa su artículo 6, que establece las obligaciones para los diferentes actores implicados en la cadena alimentaria.
Para Enraíza Derechos, este momento abre una oportunidad clara para una mayor activación de los distintos agentes. Pero también plantea preguntas urgentes sobre cómo se va a garantizar que estas obligaciones se cumplan y generen un impacto real.
Del compromiso a la acción: ¿qué implica el artículo 6?
El artículo 6 establece que todos los actores de la cadena alimentaria —desde la producción hasta la distribución y la restauración— deben implementar medidas concretas para prevenir las pérdidas y el desperdicio. Entre ellas, destaca la obligación de contar con planes de prevención que permitan identificar, medir y reducir el desperdicio en sus actividades.
También incluye el cumplimiento de la jerarquía de prioridades cuando se produzcan excedentes, es decir, que se establece un orden de prioridad para las distintas alternativas de actuación con las pérdidas o desperdicios que no han podido prevenirse. En primer lugar deberán destinarse al consumo humano, ya sea venta o donación; si no es posible a la alimentación animal y la fabricación de piensos; posteriormente a otras industrias como subproducto; y por último a la fabricación de compost o energía.
La ley establece que quedan excluidas las microempresas o pequeños comercios, los locales de hasta 1.300 metros cuadrados y las pequeñas explotaciones agrarias. Pero aunque estas entidades no estén obligadas a firmar convenios de donación o a realizar planes de prevención estrictos, están sujetas a inspecciones y siguen obligadas a cumplir con la finalidad de la ley.
No olvidemos que con esta ley se busca reducir un 50% el desperdicio alimentario en hogares y tiendas y un 20% en la cadena de producción, dando respuesta así a la meta 12.3 de la Agenda 2030. Recientemente, la UE estableció un objetivo menos ambicioso pero tal vez más realista para cumplir antes del 31 de diciembre de 2030: un 10 % de reducción en la fase de procesamiento y fabricación de alimentos y un 30 % per cápita de reducción en los sectores de venta minorista, restauración, hostelería y hogares.
La gran incógnita: la ausencia de desarrollo legal
Un elemento especialmente preocupante es la incertidumbre en torno al desarrollo de la ley. Urge la elaboración del Plan Estratégico comprometido en la Ley, como se recoge en el artículo 17, que deberá contener la estrategia general de la política de desperdicio alimentario, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los programas autonómicos, previa consulta a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
Así, es fundamental que se determine cómo se va a asegurar la implementación de la ley, con mecanismos de seguimiento y control a poner en marcha, asegurando que los actores implicados cuentan con los recursos técnicos y económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Y si contando con los elementos requeridos no ponen en marcha las acciones que establece la ley, que se activen las sanciones contempladas en caso de incumplimiento.
Sin recursos no hay cambio
Reducir el desperdicio alimentario no es una tarea sencilla. Requiere capacidades técnicas para medir, analizar y rediseñar procesos y también recursos económicos para invertir en mejoras logísticas, tecnológicas u organizativas.
En este sentido, uno de los principales riesgos es que la ley avance más rápido que las capacidades reales de quienes deben aplicarla. Pequeñas explotaciones agrarias, comercios de proximidad o entidades del canal HORECA pueden encontrarse con dificultades importantes si no reciben el acompañamiento adecuado. Por eso, es fundamental que la implementación del artículo 6 vaya acompañada de:
- Programas de formación, acompañamiento y asistencia técnica.
- Herramientas accesibles para la medición del desperdicio.
- Incentivos económicos que faciliten la transición.
- Espacios de intercambio de buenas prácticas entre actores.
Sin este soporte, existe el riesgo de que la ley genere desigualdades en su aplicación o que su impacto sea limitado.
Un papel activo para la sociedad civil
En este contexto, el papel de la sociedad civil es más relevante que nunca. Desde Enraíza Derechos asumimos un doble compromiso.
Por un lado, estaremos vigilantes haciendo el seguimiento necesario para el cumplimiento de la ley, exigiendo transparencia en su implementación y asegurando que las obligaciones se traducen en cambios reales. De hecho, el artículo 19 de la Ley establece que con periodicidad anual, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará un informe en el que recogerá el resultado de la ejecución del Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Por otro lado, queremos ser parte de la solución. Enraíza Derechos cuenta con una trayectoria consolidada en la medición del desperdicio alimentario, el análisis cualitativo de sus causas y el acompañamiento a entidades en la elaboración de planes de prevención. Durante los últimos 10 años hemos trabajado con diagnósticos y propuestas de solución en hogares y comedores de restauración colectiva (centros educativos, residencias, hoteles etc) en diversos municipios y comunidades autónomas.
La experiencia en proyectos como FORWARD ha demostrado que es posible reducir de manera significativa el desperdicio cuando se trabaja con metodologías adecuadas, combinando datos, participación y sensibilización. Este conocimiento puede ser de gran utilidad para apoyar a los actores que ahora deben adaptarse a las nuevas obligaciones.
Desde la organización podemos apoyar a los actores que lo necesiten facilitando procesos de diagnóstico y en el diseño e implementación de planes de prevención o formación y sensibilización en su plantilla. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de aprovecharla como palanca para mejorar el funcionamiento del sistema alimentario.
Reducir el desperdicio para transformar el sistema
Más allá de su dimensión normativa, la reducción del desperdicio alimentario es una cuestión profundamente política y transformadora. Cada alimento que se pierde o se tira implica un uso ineficiente de recursos naturales, una contribución innecesaria al cambio climático y una contradicción ética en un mundo donde millones de personas no tienen garantizado el derecho a la alimentación.
Actuar sobre el desperdicio significa intervenir en todos los eslabones del sistema alimentario: cómo producimos, cómo distribuimos, cómo consumimos y cómo valoramos los alimentos. Significa también cuestionar dinámicas estructurales que priorizan la eficiencia económica a corto plazo frente a la sostenibilidad social y ambiental.
En este sentido, la Ley 1/2025 puede ser una herramienta poderosa si se implementa de forma ambiciosa y coherente. Conecta directamente con los compromisos de la Agenda 2030, especialmente con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio alimentario en la venta minorista y el consumo, y con el derecho a una alimentación adecuada.
Pero para que esto ocurra, es necesario ir más allá del cumplimiento formal. Hace falta voluntad política, recursos, coordinación y participación.
Un momento clave
La entrada en vigor del artículo 6 marca un punto de inflexión. Es el momento en el que se pone a prueba la capacidad del sistema para cambiar.
Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia un modelo alimentario más justo, sostenible y responsable. Pero también ante el riesgo de que, sin los apoyos y desarrollos necesarios, la ley no alcance todo su potencial.
Desde Enraíza Derechos, seguiremos trabajando para que esta oportunidad no se pierda. Porque reducir el desperdicio alimentario no es solo una obligación legal: es una condición imprescindible para garantizar el derecho a la alimentación y construir sistemas alimentarios que cuiden de las personas y del planeta.
