Nos jugamos contar con una ley que tenga los medios y recursos necesarios para promover la justicia global y los derechos humanos. La Coordinadora -de la que Enraíza Derechos forma parte-, en consenso con otros actores sociales, demanda una nueva Ley de Cooperación que se comprometa con el 0,7%, que fomente la democracia y la participación ciudadana y sea una ley feminista, ecologista y garantice la coherencia de políticas.
Por primera vez en 20 años, la cooperación vive una reforma
El anteproyecto de Ley llega al Consejo de Ministros y de ahí pasará a las Cámaras. El contenido de la futura ley será determinante para conseguir un sistema de cooperación a la altura de los desafíos globales. Es el momento de afianzar las cuestiones positivas de este anteproyecto, pero sobre todo de asegurar que las que no han sido contempladas estén incluidas en la futura ley que se apruebe.
La propuesta menciona la complejidad de las crisis que vivimos, pero la apuesta por un nuevo paradigma transformador de desarrollo sostenible, justicia global y derechos humanos es limitada. El momento actual exige una legislación que garantice el enfoque feminista y ecologista, que apueste por promover el espacio cívico y democrático y la cultura de paz, que refuerce su rol e impacto en la protección y promoción efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia, que fomente una ciudadanía comprometida con sus barrios y con el planeta. Es necesario que el anteproyecto concrete de manera clara estas cuestiones.
El anteproyecto sienta las bases para promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, así como su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, es imposible llevar esto a la práctica sin un análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global. Es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato concreto al respecto y recursos suficientes para dar cuenta de tal tarea.
El compromiso del 0,7%
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas sin que ese compromiso se haya cumplido, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones.
También es necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora.
El rol destacado de las ONGD de Desarrollo
En este ámbito, el papel de las ONG de Desarrollo es determinante, tal como reconocía recientemente el CAD. La Ley reconoce ese rol, pero debe ir más allá y fomentar entornos que lo promuevan; es una oportunidad para definir claramente cuál es el aporte específico de las ONGD y de la sociedad civil. También es necesario que abra la puerta a incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida y no se pierda la oportunidad de construir un modelo que pase de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.
Aún quedan cuestiones pendientes y oportunidades que resolver...
