En las últimas semanas, Bolivia ha vuelto a ocupar titulares internacionales debido a los bloqueos de carreteras, el desabastecimiento de productos básicos y la creciente tensión política y social que atraviesa el país. Sin embargo, para comprender la magnitud de la situación actual es necesario ir más allá de los acontecimientos recientes.
La crisis que vive Bolivia no surgió de forma repentina, sino que es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales que se han ido acumulando durante los últimos años y que se han intensificado especialmente desde 2025.
La situación económica comenzó a deteriorarse de forma más visible durante 2025. La escasez recurrente de combustibles, la falta de dólares, las dificultades para las importaciones y el incremento sostenido del costo de vida empezaron a afectar tanto a la población como a los sectores productivos.
En este contexto, las elecciones generales de 2025 marcaron un importante cambio político con la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, el nuevo Gobierno asumió el poder en medio de una situación económica compleja y con importantes desafíos estructurales.
Medidas polémicas
Durante los primeros meses de 2026 se fueron acumulando nuevos elementos de tensión, entre ellos la polémica generada por la Ley 1720 sobre tierras, cuestionada por diversas organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas; la eliminación del impuesto a las grandes fortunas; la distribución de gasolina adulterada que provocó daños en miles de vehículos y generó un importante malestar ciudadano; y la retirada de las subvenciones a los combustibles, una medida que tuvo un impacto directo sobre los precios del transporte y de numerosos productos básicos. La combinación de estos factores terminó desembocando en el actual escenario de movilizaciones, bloqueos prolongados y creciente conflictividad social.
A partir de la segunda quincena de mayo, el malestar acumulado por la situación económica y las decisiones adoptadas durante los primeros meses de gobierno dio lugar a movilizaciones protagonizadas por distintos sectores sociales, entre ellos transportistas, maestros, campesinos, gremiales y organizaciones indígenas. Con el paso de los días, las protestas se intensificaron hasta convertirse en una de las mayores olas de bloqueos registradas en los últimos años, afectando a gran parte de la red vial nacional.
Graves consecuencias para la población
Las consecuencias han sido especialmente visibles en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, donde se han registrado dificultades para el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales, agravando aún más una situación económica ya marcada por la escasez y el aumento del costo de vida.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto cotidiano que esta crisis está teniendo sobre la población. En ciudades como La Paz y El Alto ya se reportan dificultades para acceder a productos básicos como aceite, carne, huevos, pollo y verduras, además de incrementos significativos en los precios de alimentos de primera necesidad.
La escasez de combustible ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y ha reducido la disponibilidad de transporte, mientras que los bloqueos dificultan la llegada de mercancías a los principales centros urbanos. Como consecuencia, el abastecimiento de mercados, el comercio y numerosas actividades económicas y sociales se están viendo seriamente afectados.
La situación también evidencia un preocupante deterioro humanitario. Algunos medios informaron sobre personas fallecidas mientras eran trasladadas en ambulancias que no lograron atravesar los puntos de bloqueo para recibir atención médica. Asimismo, se han reportado dificultades para el suministro de medicamentos, oxígeno e insumos sanitarios en determinadas zonas del país. Este tipo de hechos refleja hasta qué punto la conflictividad ha trascendido el ámbito estrictamente político y comienza a impactar directamente sobre derechos básicos como la salud, la alimentación y la movilidad.
Organizaciones sociales gravemente afectadas
Otro elemento relevante es cómo esta crisis está afectando a organizaciones sociales y proyectos comunitarios. En el caso de las organizaciones con las que trabaja Enraíza Derechos en distintas regiones del país, se reportan dificultades logísticas permanentes derivadas de la escasez de combustible, los retrasos en los desplazamientos y las limitaciones para acceder a determinadas comunidades.
Estas circunstancias están obligando a reprogramar actividades, modificar cronogramas y afrontar mayores costes operativos, afectando el acompañamiento a las poblaciones participantes y la movilidad de los equipos técnicos. A pesar de ello, muchas organizaciones continúan desarrollando acciones de apoyo comunitario y fortalecimiento de capacidades, especialmente en contextos donde la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad social comienzan a agravarse.
Lo que ocurre actualmente en Bolivia refleja una combinación compleja de crisis económica, desgaste institucional y polarización social. El problema ya no se limita únicamente a las protestas o a las disputas entre sectores políticos. Está afectando de manera directa las condiciones de vida de millones de personas y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de instituciones, organizaciones sociales y comunidades en todo el país.
La sociedad civil pide diálogo
En este contexto, resulta especialmente significativo el reciente pronunciamiento conjunto de la Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil, que expresaron su profunda preocupación por el agravamiento de la conflictividad y sus consecuencias sobre los derechos fundamentales de la población. El comunicado alerta sobre la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno en distintas ciudades del país, así como sobre el incremento de la polarización social y la violencia.
Asimismo, advierte que la confrontación está debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre los distintos sectores y hace un llamado urgente a establecer un proceso de diálogo inclusivo, respetuoso y efectivo que permita reducir las tensiones y evitar mayores afectaciones a la población.
La crisis también está teniendo repercusiones en el ámbito político e institucional. En los últimos días se conocieron las renuncias de los ministros de Educación y Defensa, en un contexto marcado por la continuidad de las protestas y los bloqueos.
Paralelamente, distintos actores, entre ellos la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, han impulsado iniciativas de mediación para promover espacios de diálogo entre las partes involucradas. Sin embargo, hasta el momento no se han logrado acuerdos que permitan una reducción significativa de la conflictividad.
Alta tensión e incertidumbre
Ante la persistencia de los bloqueos y el creciente desabastecimiento, también se ha abierto el debate sobre la posible aplicación de un estado de excepción de alcance limitado para garantizar el libre tránsito y el abastecimiento de bienes esenciales, una medida que el Gobierno ha señalado como una opción de último recurso.
La sensación general que transmiten los reportes y testimonios es la de un país sometido a una tensión constante, donde el desabastecimiento, la incertidumbre y la conflictividad empiezan a formar parte de la vida cotidiana. Y precisamente por eso, resulta importante observar esta situación no solo como un conflicto político interno, sino también como una crisis social con consecuencias humanas cada vez más visibles.
Imagen de Vera Bolkovic - Self-photographed, CC BY-SA 2.0
