El pasado jueves 31 de marzo Enraíza Derechos organizó un foro de discusión en torno al primer borrador del anteproyecto de Ley para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, en colaboración con un grupo de organizaciones sociales. La prioridad debe ser la prevención y no tanto la gestión de los excedentes.
Actualmente se está trabajando en el segundo borrador y este foro tenía como objetivo influir en la incorporación de las demandas de la sociedad civil para contar con una ley transformadora, de carácter eminentemente preventivo y que afronte las causas estructurales del desperdicio.
En el Foro participaron José Miguel Herrero Velasco, director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación; Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030; Felipe Medina Martín, secretario general técnico de ASEDAS; Arantza Madariaga Aberasturi, directora gerente de la Fundación Elika y Ana Etchenique, vicepresidenta de CECU.
Principales conclusiones y recomendaciones:
- Es necesario establecer metodologías de medición rigurosas para todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo final, tal y como marca la Decisión Delegada 2019/2587 de la Comisión Europea, avanzando en la hoja de ruta y las claves metodológicas para cumplir con este objetivo. El Gobierno ha manifestado un compromiso de avanzar en este sentido.
- La Ley nace poco ambiciosa, ya que no hay ninguna previsión de establecer una dotación económica adecuada y suficiente para su aplicación a nivel estatal. Esto lo demuestra el hecho de que el presupuesto estimado es el mismo que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ha destinado al desperdicio alimentario en los años anteriores, haciendo difícil desarrollar nuevas y más ambiciosas líneas de trabajo.
- Por el momento es poco probable que la actividad del espigueo vaya a ser incluida en este segundo borrador, y por tanto, quedaría fuera de la ley. Se trata de la recolecta de frutas y verduras que son descartadas del circuito comercial por diferentes motivos en convenio con productores-as locales y la colaboración de personas voluntarias, para ser distribuidos gratuitamente a través de entidades sociales, garantizando el acceso a una alimentación saludable para las personas en situación de vulnerabilidad.
- Junto con el compromiso de medición del desperdicio alimentario en toda la cadena, el Gobierno ha destacado la flexibilización de las sanciones, permitiendo un mayor margen a las empresas. Si bien no se han especificado expresamente hasta qué punto se flexibilizan estos mecanismos sancionadores y a la espera de su concreción, valoramos con preocupación esta rebaja y recomendamos no dejar a la voluntad de las empresas el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
- Se ha mostrado la necesidad de generar un espacio de gobernanza en el que estén representados todos los actores, incluida la sociedad civil, para la participación de todos ellos en las próximas etapas de elaboración de la ley, así como su aplicación posterior, desde el que también se brinde acompañamiento a todos los agentes para la adecuada implementación de la Ley.
- Dado que la ley conlleva muchas obligaciones, requiere de recursos para llevarlas a cabo desde las distintas escalas territoriales. Así, para su correcta implementación es preciso desarrollar herramientas y entidades de referencia que sirvan para acompañar a los distintos actores de la cadena alimentaria a conseguir los objetivos, algo imprescindible para su puesta en marcha y aplicación real de esta normativa estatal.
- La concienciación de todos los agentes de la cadena resulta esencial para la prevención, habiéndose destacado en el foro la importancia de trabajar la sensibilización de la ciudadanía y la promoción de hábitos de consumo sostenibles que contribuyan a frenar el desperdicio. Se recomendó retomar y compartir las experiencias desarrolladas por muchas de las entidades en relación al desperdicio alimentario y se resaltó el riesgo de cargar excesiva responsabilidad sobre la población consumidora final, que no siempre cuenta con las condiciones necesarias para ese consumo responsable.
El desperdicio alimentario es un problema de enormes dimensiones y con un impacto negativo tanto ambiental como social y económico, que hace muy difícil lograr varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 en su conjunto. Para la sociedad civil, y en concreto para Enraíza Derechos, es fundamental medir el problema de manera cuantitativa y cualitativa si se quieren orientar las propuestas de actuación más acertadas para reducir el desperdicio. Creemos que debería ser una ley con un carácter claramente preventivo y para ello es necesario un profundo análisis de las causas: cuánto, por qué se desperdicia y dónde; todo ello utilizando una metodología armonizada con los países de nuestro entorno. Abordar esta gran tarea va a requerir de voluntad y coordinación por parte de todos los actores implicados.
