Desde 2010 a 2015 Prosalus puso en marcha un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en varios municipios de Bolivia y Perú. El convenio de seguridad alimentaria y nutricional y promoción de la salud en poblaciones rurales de Bolivia y Perú se llevó a cabo en comunidades campesinas de difícil acceso, asentadas en zona andina, en la mayoría de los casos de gran altura, con un terreno muy accidentado y con condiciones climatológicas duras, alejadas de los centros urbanos, con escasez de servicios básicos y alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Hoy os presentamos la sistematización de los resultados.
La línea de base que se elaboró previamente al inicio del convenio mostraba la vulneración de los derechos a la alimentación, a la salud y al agua. El índice de desnutrición en menores de 5 años superaba el 50% en casi todas las zonas, llegando en algunas al 65%, mientras el acceso a agua segura se limitaba al 22% de los hogares.
En términos generales en Perú, la desnutrición crónica se ha reducido en una media de 9 puntos porcentuales en los 4 años de intervención, llegando a reducirse en algunas zonas hasta 12 puntos. Estos resultados se han visto fortalecidos por las políticas públicas de combate a la desnutrición (que actúan principalmente sobre las causas inmediatas); no obstante y a pesar de todos los esfuerzos, Cajamarca, una de las zonas de intervención del convenio, es la segunda región con peor indicador en desnutrición infantil. En el caso de Bolivia, la reducción de la desnutrición crónica ha sido todavía más importante que en Perú y, a la vez, más irregular ya que ha variado de los 13 puntos porcentuales a los 44, según las zonas.
En cuanto a la inseguridad alimentaria y a la falta de disponibilidad y acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes, se optó por un acompañamiento intensivo a familias campesinas para una producción diversificada de alimentos a través de la gestión sostenible y ecológica de los recursos naturales. Para ello se fortalecieron los sistemas de producción de la agricultura familiar para garantizar acceso, disponibilidad e inocuidad de los alimentos desde un enfoque de soberanía alimentaria. También se trabajó en la gestión de los recursos naturales para la resiliencia de los sistemas de producción frente a desastres naturales por medio de recuperación de suelos, reforestación de especies nativas, gestión del agua y cambio climático, entre otras estrategias; y por último, se fortalecieron las capacidades técnicas en la gestión de unidades productivas y de recursos naturales.
Los resultados obtenidos hablan por sí solos:
- 3.244 familias campesinas diversificaron su producción y mejoraron los rendimientos teniendo acceso y disponibilidad a los mismos durante todo el año.
- 3.244 familias campesinas mejoraron su resiliencia frente a catástrofes naturales, cambio climático, crisis de alimentos. Cuentan ya con sistemas de producción fortalecidos y diversificados y con capacidades técnicas para el manejo sostenible de los recursos naturales.
- 472 mujeres y 727 hombres fortalecieron sus capacidades técnicas para la gestión eficiente de sus unidades productivas y la gestión sostenible de los recursos naturales.
La mejora en los rendimientos productivos ha permitido a las familias generar excedentes suficientes para el intercambio o venta en el mercado ampliándose el acceso a otro tipo de alimentos no producidos por las familias.
Además, todo el componente se ejecutó en coordinación con autoridades locales, desde la lógica demostrativa de que existen soluciones técnica y culturalmente apropiadas con costes razonables (1.798 euros invertidos por familia) para que puedan ser replicadas con presupuestos públicos. Los socios han establecido sinergias con los programas del Estado y las iniciativas locales de apoyo a la pequeña agricultura.
Si quieres conocer los resultados obtenidos en salud e igualdad de género, descárgate el documento:
