Por J.M. Medina Rey - La Vanguardia 27/01/2013
El interés por la tierra no es algo nuevo, pero en la última década ha crecido desaforadamente, sobre todo a partir de la crisis alimentaria del 2008, dando origen a un fenómeno de magnas proporciones que se ha denominado acaparamiento de tierras o landgrabbing. Es difícil encontrar unanimidad en los datos, porque muchas de las operaciones se llevan a cabo con gran secretismo, pero, a partir del esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad civil, podemos acercarnos a la magnitud del problema. Con los datos disponibles de países en desarrollo (principalmente en África), entre el 2001 y el 2010 cada segundo pasó a manos de inversionistas extranjeros la superficie de tierra equivalente a un campo de fútbol, ya sea a un gobierno, a un fondo de pensiones, a un inversor financiero... Los más destacados, China, Reino Unido y Arabia Saudí.
Gran parte de esas operaciones que afectan a grandes extensiones de tierra no respetan los derechos humanos, se negocian en condiciones desiguales, no cuentan con el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, no son transparentes y, por tanto, son difíciles de supervisar.
Aunque la mayoría de estas tierras acaparadas se encuentran en países en los que el hambre es un serio problema, la finalidad principal no es producir alimentos para la población local. En muchos casos, detrás del acaparamiento hay una intención meramente especulativa. Según el panel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, más de tres cuartas partes de las transacciones de tierras notificadas no han demostrado aún una inversión tangible en términos de producción agrícola. En los casos en que ya se conoce cuál va a ser el destino de la tierra, en casi una cuarta parte de ellos se destinará a extracción de minerales, industria, turismo o explotación forestal. Las otras tres cuartas partes serán para producción agrícola, mayoritariamente para agrocombustibles o para cultivos de exportación. Con la tierra acaparada se podría alimentar a todos los hambrientos del mundo.
Al final queda en tierra de nadie el impacto social de estas inversiones, que, con la complicidad de autoridades corrompidas, se traducen en muchos casos en el desplazamiento de las poblaciones más vulnerables y el incremento del hambre, todo ello sin olvidar el impacto económico –subida de precios de los alimentos, especulación– y el impacto medioambiental con la sobreexplotación de acuíferos, destrucción de depósitos de carbono, etcétera. Leer más
