El Congreso ha aprobado la “Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global” con un apoyo de casi el 90%. Una amplísima mayoría que pocas veces se ha dado en esta legislatura.
Fuente: La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
Esta puede ser una fecha de inflexión para la cooperación, el inicio de una nueva etapa tras una década en la que el compromiso político con esta política pública quedó muy debilitado. Durante años, España ejerció una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. La aprobación de esta Ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa.
Las organizaciones de desarrollo celebramos la aprobación de esta Ley y valoramos positivamente que el proceso para su elaboración se haya abierto a la participación. Los últimos dos años han sido de intenso trabajo, de un rico diálogo con el Gobierno y los grupos políticos, en el que las propuestas de los distintos actores de la cooperación se han tenido en cuenta.
La Ley pone en el centro las necesidades reales de las personas con quienes cooperamos. Apuesta por un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos que deberá empapar las políticas públicas. Es una ley que no olvida el engranaje institucional que exige la cooperación: una estructura que deberá ser revisada para garantizar que esta política pública se ejecuta con eficacia, con un adecuado enfoque técnico y político -esto, entre otras cosas, obliga a un refuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), profundamente debilitada en los últimos diez años-.
El camino no acaba aquí
Esta Ley marca una senda clara e inexcusable para que los fondos destinados a la cooperación alcancen el histórico y nunca cumplido 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030. Meta que debe alcanzarse de manera gradual, planificada y constante. El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 es del 0,34%. Además, este año será el momento de articular las reformas que apunta la Ley:
- Reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación
- Revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo
- Revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos
- Estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva.
