El 9 de enero de 2024 el Consejo de Ministros aprobó un “nuevo-viejo” proyecto de ley de prevención y reducción del desperdicio alimentario, que nos deja como al principio.

Un año y medio de propuestas antes de enero de 2024, conversaciones y labor de incidencia con los diferentes partidos políticos que formaban parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la anterior legislatura, habían hecho posible hacer más ambicioso el texto del proyecto de ley para atajar el problema desde la raíz. Pero se interrumpió el proceso con la disolución de las Cortes, debido a la convocatoria de las elecciones del 23J, y se quedó a un paso de su aprobación final.

Un nuevo proyecto de Ley que retrocede

El nuevo proyecto legislativo lanzado por el actual Gobierno, y remitido al Congreso, no incorpora estas mejoras que gozaban del consenso de casi todos los grupos parlamentarios y actores de la cadena, de manera que, a día de hoy volvemos a tener que pelear algunas demandas clave para el colectivo LeySinDesperdicio:

• La prevención debería ser la prioridad número uno para evitar el desperdicio en cada una de las fases de la cadena alimentaria. Y en caso de que se produzca será necesario buscar las soluciones necesarias para gestionar los excedentes, de acuerdo a las prioridades establecidas por Europa y organismos multilaterales. 

• Otro elemento imprescindible es que la ley contemple la obligatoriedad de medir, cualitativa y cuantitativamente en todos los eslabones, de manera periódica. Sólo sabiendo cuánto se pierde y desperdicia, dónde y por qué, podremos elaborar propuestas de solución bien orientadas a las causas del problema. En el texto que remitió el Congreso al Senado, se había  considerado como obligación de las administraciones públicas medir y hacer un análisis cualitativo en todos y cada uno de los eslabones En concreto, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debía aplicar metodologías que permitieran comparar la evolución y publicar de forma periódica los datos. 

Se necesita mucha más ambición

Estas son medidas vitales que no podemos permitirnos que se queden fuera de la futura ley. Pero creemos, además, que es necesario más ambición para una ley que conecta sectores tan relevantes en la vida y la economía de cualquier país como la agricultura, la industria, la distribución o el comercio, con los recursos naturales y la sostenibilidad del planeta. Por ello, apelamos a que se integren los siguientes aspectos:

1. La obligatoriedad de la jerarquía de prioridades y la donación debe implicar a comercios por volúmen de facturación. En caso de no tenerlo en cuenta, pedimos que el límite por superficie se rebaje a partir de 400m2, y no de 1300 m2 como está estipulado actualmente. 
2. Incorporar y reconocer la práctica de la rebusca o el espigueo en el campo para dar seguridad jurídica a todas las partes implicadas: productores, ciudadanía y entidades de iniciativa social. Pedimos que se añada en el artículo de definiciones y se prevea su regulación en textos posteriores.
3. Sigue sin verse recogida ninguna dotación presupuestaria que ayude a propiciar las condiciones necesarias para que todas las personas, empresas, administraciones y sociedad civil implicada en cada eslabón de la cadena pueda cumplir los requisitos de la futura ley. 
4. Pedimos incorporar en el Art 10 (de obligaciones para las administraciones públicas), que se establezca la obligación de incorporar en los pliegos de compra pública, que los proveedores cumplan con lo establecido en la futura ley. 
5. Consideramos importante que se elimine el punto 4 del artículo 15, para que la gestión de excedentes no sea considerada una estrategia clave para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, ya que estas estrategias deben estar guiadas por un enfoque de derechos humanos y no de asistencialismo. 
6. Sería oportuno acotar las causas de justificación contempladas en el art 18 del régimen sancionador y el modo de demostrarlas.
7. Se echa de menos la consideración de medidas positivas (no sólo sancionadoras) que motiven a los agentes implicados en el cumplimiento de los objetivos de la Ley. 
8. Se deben determinar los plazos para desarrollar el reglamento de esta Ley y para la elaboración de los planes estratégicos: nacional y autonómicos, además de las guías del sector. Sería necesario una pronta reglamentación de todo lo dispuesto y coordinación con las CCAA y entidades locales, para empezar a aplicar la ley cuanto antes.

Desde el Colectivo LeySinDesperdicio, del que Enraíza Derechos forma parte, creemos que se ha desaprovechado un tiempo valioso y una oportunidad de recoger todos los aportes realizados, desde marzo de 2022 cuando un grupo de organizaciones sociales nos unimos para trabajar juntas para conseguir una ley más ambiciosa que frene un problema de enormes consecuencias, sociales, económicas y medioambientales. Por eso, volvemos a ponernos manos a la obra, y dispuestas al diálogo.

Foto de Marek Studzinski en Unsplash