El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Tras un proceso preparatorio de casi un año, creemos que hemos perdido la oportunidad de contar con una ley pionera, innovadora e inclusiva, para ir a la raíz del problema, tal y como hemos venido demandando en este proceso los diferentes actores que hemos participado.
El proceso de elaboración del proyecto transmitió en inicio una imagen de apertura y participación. En una primera etapa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrió un proceso de consultas para que los agentes de la cadena alimentaria aportaran ideas y preocupaciones que deberían tenerse en la elaboración de la ley. En el mes de octubre, el Ministerio publicó un anteproyecto de ley y abrió durante unos 40 días un proceso de consulta pública sobre el texto. A lo largo de varios meses se realizaron varios foros en diversos lugares de la geografía española para dar a conocer el anteproyecto y recabar opiniones de los agentes de la cadena alimentaria.
Desde el 1 de diciembre, el MAPA ha estado trabajando en el proyecto de ley que finalmente aprobó ayer el Consejo de Ministros, para remitirlo a la Cortes. Una rápida comparación entre el texto del anteproyecto publicado en octubre y el texto del proyecto aprobado ayer permite ver que se han desoído las propuestas y reclamaciones de muchos actores sociales, que hemos participado muy activamente, y se han introducido cambios más alineados con los intereses empresariales. Ni siquiera los señalamientos realizados hace un par de semanas por el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre el texto del proyecto han sido tenidos en cuenta.
Principales motivos de preocupación
Uno de los puntos clave señalados por un conjunto de organizaciones sociales que trabajamos juntas para hacer aportes al proyecto, y que también aparece como preocupación destacada en el dictamen del CES, es el hecho de que la prevención debe ser la prioridad número 1. Dentro de esa jerarquía de prioridades que la ley establece, lo primero debe ser prevenir, sin embargo la nueva redacción dada al art. 5, no la recoge y la establece de esta manera: 1) donación de alimentos; 2) transformación de los productos que no se han vendido; 3) alimentación animal y fabricación de piensos; 4) uso como subproductos en otra industria; 5) reciclándolos en compost, en última instancia.
Este es el primer motivo de preocupación. Por un lado nos encontramos con el hecho de que la prevención ha sido excluida como primera prioridad y además se considera infracción leve la no aplicación correcta de esta jerarquía. Da la impresión de que el Ministerio no tiene claro que debemos buscar la reducción del desperdicio en origen, evitando siempre que se pueda, que el excedente se produzca. Esto es grave.
En segundo lugar, se ha producido una dilución muy destacada de las obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria. Muchas cuestiones que en el anteproyecto se presentaban como obligaciones han pasado a regularse como buenas prácticas, que se podrán aplicar o no. Y algunas cuestiones fundamentales para que esta ley tenga éxito han desaparecido o se han rebajado. Por ejemplo, los establecimientos de distribución alimentaria de menos de 1.300 m2 están exentos de donar excedentes que no han sido vendidos, cuando anteriormente los superiores a 400 m2 estaban obligados. Pero incluso en los establecimientos de distribución de más de 1.300 m2 y todos los establecimientos industriales, a pesar de esta obligación, se podrían acoger a la excepción que recoge el art. 5.2 de “resultar inviable”.
En cuanto a las obligaciones de la Administración, con la nueva redacción dada por el proyecto de ley (art. 10), parece que su obligación de analizar cuantitativamente el desperdicio alimentario se refiere solamente al generado en la fase de consumo (dentro y fuera del hogar), y olvida el resto de la cadena alimentaria, como por ejemplo el desperdicio que se produce en la hostelería, pero que no genera el propio consumidor.
Hay muchos otros aspectos en los que el proyecto de ley podría haber sido mejorado, aprovechando el trámite de información pública: mejora y clarificación de las definiciones, adaptación de las obligaciones a los diferentes sectores y tamaños de empresas, diseño de una política de incentivos para los agentes implicados, integración del criterio de reducción del desperdicio alimentario en los pliegos de contratación pública de servicios alimentarios, etc.
¿Hay posibilidad de mejora?
Celebramos la aprobación de la ley, pero el problema del desperdicio alimentario tiene una enorme dimensión y unas tremendas repercusiones económicas, ecológicas y sociales. Durante los últimos nueve meses se ha generado mucha reflexión y muchas propuestas en torno a este proyecto, pero solo parece haberse tenido en cuenta la visión de determinados sectores. Si no actuamos de manera decidida frente al desperdicio, habrá muchos aspectos de la agenda de sostenibilidad, que se traduce en los ODS, que se verán negativamente condicionados y lastrados.
Pero todavía hay opción. El paso de este proyecto de ley por la tramitación parlamentaria debería ser una oportunidad para mejorar el texto desde esas preocupaciones de sostenibilidad, en su conjunto, y no con tantos condicionamientos de intereses de parte. Lo que nos “ahorremos” ahora en el planteamiento de la ley, supondrá un problema mayor en el futuro próximo. Necesitamos una mirada política más profunda, de más largo plazo y comprometida. Si no lo hacemos, habremos desperdiciado mucho tiempo y energía y una oportunidad de oro.
