Entre el 7 y el 16 de julio se ha celebrado el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF por sus siglas en inglés), el principal espacio para el seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Una vez más la comunidad internacional ha perdido una oportunidad preciosa para cambiar el rumbo de las políticas nacionales e internacionales para hacerlas virar hacia la sostenibilidad medioambiental y la justicia económica y social.
Desde las organizaciones que conformamos Futuro en Común, espacio de diálogo y trabajo en torno a la Agenda 2030, valoramos como insuficientes y decepcionantes los progresos alcanzados en este encuentro. La llamada del Secretario General de NNUU, António Guterres, a redoblar la acción coordinada y multilateral no ha sido atendida, siendo la declaración ministerial vaga y poco precisa en cuanto a compromisos concretos para atender la magnitud del desafío.
Antes de que apareciera el coronavirus, la situación ya era realmente preocupante. Naciones Unidas había tenido que declarar el periodo 2020 – 2030 como “década de acción” ya que era más que evidente que “en general, las medidas encaminadas a lograr los Objetivos [de Desarrollo Sostenible] no se están desarrollando ni a la velocidad ni en la escala necesarias”.
Desde la sociedad civil global veníamos poniendo de manifiesto que nos estábamos moviendo en un contexto de involución de algunas áreas clave del desarrollo sostenible y las metas previstas en la Agenda 2030. En emergencia climática, seguíamos (y seguimos) contemplando la inacción de la mayoría de Estados pese a que la concentración de CO2 alcanzó en abril el récord histórico de 418 partes por millón. Las desigualdades a todos los niveles siguen creciendo, especialmente en el caso de las mujeres, quienes las sufren en la dimensión económica, en el acceso a la salud y en las violencias a las que se enfrentan por el mero hecho de ser mujeres o niñas. La reducción del espacio democrático es otro de los graves problemas que detectamos globalmente, con casos como la Ley Mordaza en España que sigue sin derogarse cinco años después de su aprobación. También requieren de especial atención las cifras de personas que pasan hambre, que han aumentado en 60 millones en el último lustro.
La irrupción de la COVID-19 no ha hecho más que empeorar todos esos indicadores que, como decíamos, ya eran malos. En este sentido, recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo alertaba de que “el desarrollo humano global -la medida combinada de los niveles de educación, salud y calidad de vida- va camino de retroceder este año por primera vez desde que comenzó a calcularse en 1990”. En concreto esto se traduce en que 500 millones de personas podrían volver a una situación de pobreza (menos de 1,90 dólares al día), que 120 millones sufrirán hambrunas como consecuencia de los efectos de la COVID-19, que 1 de cada 6 jóvenes en el mundo ha perdido su empleo durante la pandemia o que el 86% de los niños y niñas de países en desarrollo con edad de asistir a la escuela primaria no están recibiendo una educación.
A la hora de plantear soluciones, en Futuro en Común no tenemos ninguna duda de que pasan por que la comunidad internacional tome de verdad la Agenda 2030 como la hoja de ruta hacia la sostenibilidad y la resiliencia. Y para que esto ocurra hay que elevar el listón de la ambición política. La llamada de Naciones Unidas a que esta sea una auténtica década de acción no es baladí. Y las transformaciones estructurales y sistémicas que se requieren para afrontar temas como el cambio climático o la desigualdad no pueden esperar. En el caso particular de España el listón también debe subir. A nuestro país la revisión del quinto año de implementación de la Agenda 2030 le encuentra sin una estrategia nacional, sin marco presupuestario claro para su implementación y sin un sistema de medición de progreso definido.
