El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Desde Enraíza Derechos celebramos este avance, aunque también señalamos las carencias de una norma que, pese a sus logros, no llega a ser la herramienta transformadora que se necesitaba.
Una ley necesaria, pero poco ambiciosa
Después de cuatro años de trabajo y diálogo, la aprobación de esta ley representa un hito en la lucha contra un problema de enormes consecuencias sociales, económicas y ambientales.
Sin embargo, la sensación es agridulce. La falta de ambición supone una oportunidad perdida para frenar un problema con consecuencias devastadoras para las personas agricultoras, las consumidoras y el bienestar del planeta.
La prevención como eje central de la ley
Priorizar no generar excedentes, antes que gestionar: uno de los logros clave del trabajo del Colectivo Ley Sin Desperdicio, del que Enraíza Derechos es impulsor, ha sido posicionar la prevención como la prioridad principal. No basta con gestionar los excedentes: es fundamental reducir la sobreproducción y el despilfarro desde el origen.
Planes de prevención y espigueo, avances importantes: celebramos la obligatoriedad de contar con un plan de prevención para algunos agentes de la cadena como una medida positiva para evitar el desperdicio y fomentar la redistribución de alimentos. Además, valoramos que se haya corregido una medida introducida en el Senado que hubiera tenido consecuencias devastadoras, ya que proponía tratar como residuos los alimentos descartados en campo sin poder ser aprovechados de ninguna manera para consumo humano u otros usos pautados por normativa europea. Gracias a la rectificación, se pueden evitar estas pérdidas en campo.
Otro avance significativo es el reconocimiento legal del espigueo o rebusca, una práctica tradicional arraigada en muchos territorios y con mucho potencial para evitar pérdidas en sector agrícola, ya que a través de la misma se recolectan productos que quedan tras la cosecha.
Las debilidades de la ley: falta de medición y exenciones
Sin datos, no hay soluciones eficaces: uno de los principales fallos de la ley es que no está clara la obligación de medir y analizar el desperdicio alimentario en todos todos los eslabones de la cadena. Sin datos claros sobre cuánto, dónde y por qué se desperdicia, será difícil diseñar políticas efectivas para la prevención.
Exenciones que restan fuerza a la norma: la ley incorpora numerosas exenciones que limitan su alcance, ya que excluye a buena parte de actores de la cadena de la obligación de contar con un plan de prevención, instrumento clave para que los actores de la cadena orienten sus medidas preventivas tras la elaboración de un diagnóstico.
Sin hacer extensiva esta obligación será muy complicado cumplir con el objetivo último de la ley, la prevención, del que todos los agentes salen beneficiados.
El desarrollo reglamentario será clave
La aprobación de la ley no es un punto final, sino el inicio de un proceso que determinará su eficacia. Su implementación dependerá del desarrollo reglamentario: procedimientos, plazos, requisitos técnicos y, sobre todo, una adecuada asignación presupuestaria.
Desde Enraíza Derechos, seguiremos trabajando para que esta norma se convierta en una herramienta verdaderamente transformadora, que contribuya a un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con los derechos humanos y el planeta.
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