Cada 8 de marzo el mundo recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea pendiente. En 2026, ONU Mujeres lanza un mensaje claro para el Día Internacional de las Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción.” Un lema que recuerda algo fundamental: los derechos no son reales si no pueden ejercerse.
Hoy las mujeres y las niñas disfrutan sólo del 64 % de los derechos legales que tienen los hombres, de media, y casi en el 70 % de los países enfrentan más obstáculos para acceder a la justicia.
Pero esa desigualdad no se expresa sólo en tribunales o leyes penales. La combinación de leyes discriminatorias o falta de acceso a la justicia con prácticas institucionales y sociales, a veces invisibles, condicionan profundamente la vida de millones de mujeres: la propiedad de la tierra, el acceso a los recursos productivos y el reconocimiento de su trabajo. Y eso tiene consecuencias directas en algo tan esencial como la alimentación.
Las mujeres que alimentan al mundo… sin acceso a la tierra
En todo el planeta, las mujeres desempeñan un papel central en los sistemas agroalimentarios. Producen, procesan, venden alimentos, transmiten conocimientos agrícolas y sostienen la seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades. Sin embargo, su trabajo sigue siendo invisibilizado o infravalorado.
A pesar de representar casi la mitad de la mano de obra agrícola mundial, las mujeres poseen menos del 15 % de las tierras agrícolas. Esta brecha no responde solo a desigualdades económicas, sino también a leyes discriminatorias, normas sociales y prácticas tradicionales que limitan el derecho de las mujeres a heredar o poseer tierras.
En alrededor de un centenar de países, las mujeres siguen enfrentándose a restricciones legales o consuetudinarias para acceder a la propiedad de la tierra. En muchos casos, incluso cuando trabajan una parcela durante décadas, el título legal pertenece a un hombre de la familia: un padre, un marido o un hermano.
Sin ese “papel con firma y sello”, como dicen muchas agricultoras, no pueden acceder a crédito, ayudas públicas, formación o tecnologías agrícolas. Tampoco tienen plena capacidad para decidir qué cultivar o cómo gestionar el suelo.
La desigualdad en la propiedad de la tierra no es solo una cuestión jurídica. Es también una cuestión de poder, autonomía y derechos.
Cuando la justicia no llega al campo
Modificar leyes discriminatorias y promover el acceso a la justicia son piezas clave para cambiar esta realidad. Sin embargo, para muchas mujeres rurales reclamar sus derechos es extremadamente difícil.
Los obstáculos son numerosos: costes legales, largas distancias hasta los tribunales, barreras lingüísticas, responsabilidades de cuidado o miedo a represalias. En algunos contextos, incluso denunciar una injusticia puede tener consecuencias sociales graves.
Además, muchas desigualdades no se producen en tribunales penales, sino en ámbitos civiles o administrativos: herencias, propiedad, contratos agrícolas, acceso a la vivienda o derechos laborales.
Cuando las leyes no reconocen plenamente los derechos de las mujeres —o cuando existen pero no se aplican—, se perpetúa un círculo de desigualdad: menos acceso a recursos, menos ingresos, menos autonomía.
Por el contrario, cuando las mujeres pueden reclamar sus derechos, los cambios son profundos. Las reformas del derecho de familia y propiedad han permitido que más de 600 millones de mujeres accedan a oportunidades económicas desde los años setenta.
La justicia, por tanto, no es solo una cuestión legal. Es una herramienta para transformar vidas.
También en España: la igualdad aún no llega al campo
Aunque la situación varía entre regiones, las desigualdades también existen en países como España. Según el Censo Agrario de 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística -INE, en España hay 914.871 explotaciones agrarias y 169.576 ganaderas y de todas ellas, sólo el 28,9% tienen a mujeres como titulares. Durante décadas, el trabajo femenino en el campo fue considerado simplemente “ayuda familiar”, sin reconocimiento legal ni derechos laborales.
Para corregir esta situación, en 2011 se aprobó la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias. Esta norma permite que las mujeres sean co-titulares de la explotación junto a sus parejas, compartiendo derechos económicos, acceso a ayudas y cotización a la Seguridad Social.
Sin embargo, más de una década después, su implantación sigue siendo limitada. De las decenas de miles de explotaciones que podrían acogerse a esta figura, solo lo han hecho 1.226 explotaciones que estaban inscritas en el registro de titularidad compartida en toda España, según datos de octubre de 2023 del Ministerio de Agricultura. Entre las causas: la burocracia, el desconocimiento de la norma o la persistencia de roles tradicionales en el medio rural.
La consecuencia es clara: muchas mujeres siguen trabajando en explotaciones familiares sin reconocimiento legal pleno ni derechos económicos propios.
2026: el Año Internacional de la Agricultora
En este contexto, 2026 ha sido declarado Año Internacional de la Agricultora, una iniciativa de la FAO que busca visibilizar el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y promover cambios reales.
El objetivo es claro: cerrar las brechas de género en el acceso a la tierra, el crédito, la tecnología, la formación y la toma de decisiones.
Reconocer a las agricultoras no es solo una cuestión de justicia social. También es una estrategia clave para construir sistemas alimentarios más sostenibles.
Cuando las mujeres tienen acceso a los mismos recursos que los hombres, aumenta la productividad agrícola, mejora la nutrición familiar y se fortalecen las comunidades rurales. Además, numerosos estudios muestran que las agricultoras tienden a apostar por prácticas agrícolas más diversificadas y sostenibles.
En un contexto de crisis climática, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad, empoderar a las agricultoras es también una inversión en resiliencia ambiental.
Derechos, justicia y acción
El mensaje del Día Internacional de las Mujeres 2026 es claro: el reconocimiento formal de derechos no basta, si no se garantiza su aplicación en la práctica . Eliminar leyes discriminatorias, garantizar el acceso a la tierra, facilitar la asistencia jurídica o invertir en organizaciones de mujeres son pasos fundamentales para avanzar hacia la igualdad.
Pero también es necesario reconocer algo que a menudo se olvida: las mujeres no son solo víctimas de desigualdades. Son protagonistas del cambio.
Desde cooperativas rurales hasta movimientos de campesinas, desde agricultoras que recuperan semillas tradicionales hasta jóvenes que impulsan la agroecología, millones de mujeres están transformando los sistemas alimentarios. Escuchar sus voces, reconocer su trabajo y garantizar sus derechos es una cuestión de justicia. Y también una condición imprescindible para construir un futuro donde todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a la alimentación.