Las entidades que conformamos Futuro en Común observamos con preocupación el impacto desproporcionado que la pandemia del COVID-19, al igual que la crisis económica asociada, va a tener sobre las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del planeta. La pandemia pone de relieve desigualdades estructurales económicas, sociales, de género, etc., dentro de los países y entre ellos, así como los desequilibrios ambientales que están en la base de su gestación.
España es el sexto país más desigual de Europa, con un 26,1% de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Como señaló recientemente el Relator Especial de NNUU de extrema pobreza y DDHH, Philip Alston, en España se lleva “décadas gobernando para las grandes empresas y los ricos”, dejando los servicios públicos mermados y un Estado de Bienestar deteriorado. Las consecuencias del COVID-19 van a ser devastadoras si no se toman las medidas oportunas.
Frente a estas realidades, Futuro en Común considera fundamental que las medidas de excepcionalidad durante la gestión de la crisis se focalicen en los sectores de población en situación de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo el Estado de Bienestar y la provisión de servicios públicos como garantía de derechos humanos.
La reconstrucción posterior no puede seguir las recetas de 2008 sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan.
Además, esta es una pandemia global que necesita una respuesta más allá de nuestras fronteras, coordinada a nivel internacional. El impacto en los países empobrecidos puede ser catastrófico debido a la fragilidad de sus sistemas de salud, al sobreendeudamiento de sus Estados y las debilidades estructurales de sus instituciones.
Esta crisis global pone en evidencia la necesidad de un cambio de modelo productivo y de sociedad, y la Agenda 2030 nos propone una hoja de ruta para ello.
Desde Futuro en Común se señalan 2 grandes bloques de medidas:
- Reforzar del sistema público poniendo el foco en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, mientras dure el estado de alarma.
- Poner en marcha una estrategia de reconstrucción para sentar las bases de una sociedad resiliente y del bienestar.
Necesitamos un cambio profundo que sea liderado, desde lo público, en favor de más derechos, más democracia y una revisión profunda del sistema financiero, de producción y de consumo en clave ambiental y de cuidados. En este sentido, apostar por la implementación de la Agenda 2030 es construir una sociedad más coherente con el desarrollo sostenible, cohesionada, solidaria y resiliente, poniendo las bases de una sociedad que defienda a las personas y el planeta en un mundo en cooperación.
