Desde el Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Españolas en Perú expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento de la violencia y el deterioro de la situación de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que sufre el país.
Ante la agudización de la crisis política y social que vive el país y los últimos acontecimientos de violencia social y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos estatales de seguridad desplegados en todo el territorio nacional, desde el Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Españolas en Perú, que agrupa a 21 organizaciones que desarrollan proyectos de cooperación internacional, expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento de la violencia y el deterioro de la situación de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que sufre el país en el marco de los sucesivos estados de emergencia decretados por el gobierno peruano desde la destitución del ex presidente Pedro Castillo, el pasado 7 de Diciembre.
Llamamos a la calma y el diálogo
Ante esta situación, nos sumamos al comunicado de la Plataforma Europa-Perú y de la Red EU-LAT, y hacemos en primer lugar un llamado a la calma y el diálogo social entre el Estado y la sociedad civil, condenando los discursos de criminalización y estigmatización de la protesta social, así como la organización de actos de violencia en las diferentes movilizaciones que se lleven a cabo en el país.
Así mismo, nos sumamos al los diferentes llamamientos hechos por la Defensoría del Pueblo, la oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poner en marcha una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de violación de los Derechos Humanos y las muertes, así como de las personas heridas y detenidas en el marco de la crisis política nacional.
Conflicto en riesgo de hacerse crónico
La situación del conflicto en que se encuentra el país ha generado situaciones de violación de Derechos Humanos por parte de diferentes actores involucrados. El Estado en la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no ha cumplido con su rol protector y garante de los Derechos Humanos de la Ciudadanía. El uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de la fiscalía y la prohibición del ingreso de abogados/as defensores/as en el marco de la garantía de protección de las personas detenidas, son situaciones que no contribuyen a generar condiciones de diálogo y de solución ante la actual crisis, alimentando un conflicto que corre el riesgo de cronificarse y fracturar con consecuencias terribles a la sociedad peruana en su conjunto.
Es mediante la apertura a un diálogo social, transversal y basado en el abordaje de las históricas desigualdades económico sociales, étnicas y de género, que larvan el conflicto actual, que se podrá lograr desencallar la actual situación, de tal forma que el Estado ponga en el centro o priorice las necesidades y agendas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y de la población en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
Por último, reiteramos el llamamiento a la comunidad internacional para ser vigilantes en el cumplimiento de los compromisos de protección y respeto de los Derechos Humanos en Perú, en el marco de los acuerdos internacionales adheridos por el país.
Imagen: Johnattan Rupire en Wikimedia (CC-SA-BY-4.0)
