Hoy, 16 de octubre llegamos a la celebración del Día Mundial de la Alimentación, sin mucho que celebrar. En los últimos cinco años, precisamente desde que la comunidad internacional renovó su compromiso de erradicar el hambre a nivel global, integrándolo en la Agenda 2030, este mal no ha dejado de aumentar en todo el mundo.
Los datos que arroja el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de 2020, elaborado conjuntamente por cinco organismos de Naciones Unidas, son contundentes y abrumadores: en 2019, cerca de 750 millones de personas se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria, y la previsión para 2030 indicaba que el número de personas afectadas por el hambre podría superar los 840 millones si no se revertían las tendencias.
Pero además, esta situación se va a agravar por la crisis desencadenada globalmente por la covid-19. Según las previsiones del mismo informe, a este panorama se pueden añadir entre 83 y 132 millones al número total de personas subalimentadas en el mundo solo en 2020, como consecuencia directa de la pandemia.
Todo ello en un mundo en el que, paradójicamente, un tercio de la producción de alimentos acaba en la basura y en el que se extienden cada vez más el sobrepeso y la obesidad entre la población de menos recursos que no puede permitirse una alimentación adecuada. Y en el que, como ya ha ocurrido en otras crisis alimentarias, la población campesina de los países empobrecidos, la que produce el 80% de los alimentos que consumen sus compatriotas, es la que más va a acusar esta otra pandemia, que no se ve ni contagia, pero que también mata. Y mucho.
La seguridad alimentaria y los medios de vida de campesinas y campesinos, así como sus familias, de por sí frágiles, están más amenazados que nunca en las últimas décadas. Las organizaciones que, como Enraíza Derechos, trabajamos junto a esta población campesina, observamos dinámicas preocupantes derivadas de la covid-19, en la misma línea de las alertas que lanzan los organismos multilaterales. Vemos cómo las restricciones de movilidad han impedido comercializar la cosecha recién recogida, por lo que los agricultores no dispondrán de recursos para comprar los alimentos que no producen ni los productos que necesitan para la siguiente campaña, que está seriamente amenazada. Y, como comprobamos siempre en nuestras intervenciones, las mujeres y las niñas serán las que sufran el mayor impacto.
Un día después del Día Mundial de la Mujer Rural, no podemos dejar de poner en valor que ellas juegan un papel fundamental en la seguridad alimentaria de sus familias, sus comunidades y la humanidad en general: Naciones Unidas estima que si las mujeres rurales tuvieran un acceso equitativo a los recursos productivos, en poco tiempo se podría conseguir una reducción de 150 millones personas hambrientas. Y tampoco podemos dejar de subrayar que, a pesar de esto, siguen estando invisibilizadas y sufriendo grandes discriminaciones: casi un 70% de las personas en situación de hambre en el mundo son mujeres y niñas, en buena parte en zonas rurales, debido a prácticas alimentarias discriminatorias. Además, tienen limitaciones importantes para acceder a los recursos productivos; en algunos países todavía hoy las leyes les impiden ser propietarias de la tierra y tienen menos acceso que los hombres al crédito y a los servicios de extensión rural.
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María González López, directora Enraíza Derechos (antes Prosalus).
