A final de 2019, la ONG Enraíza Derechos (antes Prosalus) firmó una Carta de Acuerdo con la FAO con el objetivo de realizar estudios de caso sobre la aplicación del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán por parte de dos ciudades españolas signatarias del mismo -Valladolid y Valencia-, en colaboración con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España y con la Red de Ciudades por la Agroecología. También se realizó un taller sobre los estudios de caso y otras experiencias de la Red de Ciudades por la Agroecología y la elaboración de un documento de síntesis sobre lecciones aprendidas desde una perspectiva de aplicación del derecho humano a la alimentación.

Ha sido mérito de ambos ayuntamientos haberse abierto a esta participación. Esto ha moldeado un sistema de gobernanza de la política alimentaria urbana de carácter participativo, rico y plural, y ha permitido una apropiación de esta política pública por parte de la sociedad civil, que se siente coprotagonista -y corresponsable- de la misma.