Madrid, 27 de mayo- Centenares de organizaciones sociales han enviado a representantes de todos los partidos políticos del arco parlamentario una carta en la que reclaman que se pongan de acuerdo para llevar a cabo una reforma fiscal que sea progresiva, para que aporten más los que más tienen, y que se pongan en marcha medidas contra el fraude fiscal, con el objetivo de lograr ingresos suficientes para financiar los servicios públicos.
Los firmantes reclaman el fortalecimiento del estado de bienestar en el contexto de la crisis producida por la pandemia de la COVID-19. Actualmente España se sitúa casi cinco puntos por debajo de la presión fiscal media en la UE y cuatro puntos por debajo del gasto público medio de la UE.
Las organizaciones firmantes recuerdan que la población española, según el CIS, considera que los impuestos no se cobran con justicia fiscal y que se dedican pocos recursos a educación, sanidad, protección al desempleo, vivienda, pensiones y prestaciones sociales, ciencia e investigación...
Por eso, en consonancia con el reclamo mayoritario de la población española, estas organizaciones exigen a las y los representantes políticos que, en el marco de la actual crisis que precariza aún más la situación de amplias capas de la población, se trabaje decididamente por una reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad.
Las coaliciones y entidades que promueven esta carta solicitan “que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen”.
Por otro lado, subrayan que esta reforma “debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos”. Esto pasa por “una lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales”, algo en lo que han avanzado países europeos como Francia o Dinamarca, que han rechazado rescatar empresas que operen en paraísos fiscales. El acuerdo político debe incluir un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel, dotando a la Administración tributaria de los medios necesarios a tal fin y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude”, concluye el documento.
