La región de Ayacucho, en Perú, tiene un índice de pobreza del 43,8% y las mujeres sufren un nivel alto de vulneración de sus derechos, por ser mujeres, indígenas y además pobres. El proyecto “Mejorando los sistemas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género entre sociedad civil y estado en Ayacucho”, puesto en marcha por Prosalus y la ong peruana Kallpa, que cuenta con fiannciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), pretende contribuir a reducir la violencia de género en sus diferentes formas de expresión. Tiene una duración de 24 meses y desde sus inicios ha sido acogido de manera positiva por parte de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho, de la provincia de Huamanga y del distrito de Socos, y también por las organizaciones de mujeres comunitarias, provinciales y regionales.
En el primer año se ha logrado que aproximadamente el 30% de las mujeres del distrito de Socos conozcan los servicios de atención, habiendo llegado a todas las mujeres de 4 comunidades de las 10 previstas, a las que se ha sensibilizado sobre la violencia de género y sobre la necesidad de acudir a los servicios de atención y protección si son víctimas de violencia. Con la hoja de ruta diseñada será mucho más sencillo hacerlo.
Entre los aspectos positivos más destacables de este primer año, están el fortalecimiento de las instancias de concertación regional y provincial, que vienen desarrollando acciones de incidencia frente a casos de violencia mediante sus planes operativos; y en el distrito de Socos, las actividades de sensibilización y la creación, mediante ordenanza municipal, de la instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres. Otro aspecto positivo ha sido la capacitación de 65 personas entre operadores de justicia, autoridades y funcionarios de los gobiernos regional y local, certificados por la Universidad Católica del Perú, que permitirá mejorar la calidad de los servicios de prevención, detección y atención de la violencia; así como la sensibilización y capacitación a más de 200 mujeres de 4 comunidades, a 18 autoridades comunitarias (jueces de paz, tenientes gobernadores y presidentes comunales), con quienes se conformaron los comités de vigilancia.
