En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid aprobó, a iniciativa de la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre, una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid” para garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada de la población y poder eliminar la altas tasas de malnutrición que presenta la región. De esta manera, los municipios de la Comunidad de Madrid podrían tener, por ley, la financiación necesaria para poder garantizar la alimentación de todos aquellos vecinos y vecinas con necesidades. Si a esta Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), instrumento de participación municipal reconocida por la Comunidad de Madrid, se unían al menos tres municipios, podría ser debatida, votada y, finalmente, aprobada como ley autónoma por la Asamblea de Madrid.
A inicios de febrero de 2019 se habían sumado a la propuesta los municipios de Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Valdemoro y por tanto podía ser votada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero ayer, 21 de febrero, en el pleno de la Asamblea de Madrid fue rechazada por un solo voto de diferencia. El Partido Popular y Ciudadanos con 65 votos se impusieron al Partido Socialista y Podemos con 64 votos. Una diferencia tan pequeña tendrá, sin embargo, consecuencias graves para una parte importante de la población más vulnerable de la Comunidad de Madrid en la que, según datos aportados por parlamentarios del Grupo Socialista y de Podemos, el 46% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Hablamos de la comunidad autónoma en la que la desigualdad es mayor que en ninguna otra y la pobreza severa no ha hecho más que aumentar desde 2008.
Parece que estos escalofriantes datos no son suficientes para tomar en consideración la iniciativa de los ayuntamientos porque afirman que ya existe en la Comunidad de Madrid un marco legal adecuado para abordar el problema del hambre. Se trata, según el Partido Popular y Ciudadanos, de la renta mínima de inserción (RMI), tan mínima que no llega a colectivos que no tienen garantizado el derecho a la alimentación. La existencia de “muchos comedores sociales” en los que se da de comer a personas hambrientas es otro de los argumentos que se han esgrimido sin rubor en la palestra, además de la inexistencia de una partida presupuestaria para abordar el problema del hambre en la Comunidad de Madrid.
Causa estupor escuchar cómo enfocan el problema del hambre una parte de quienes se denominan representantes de la ciudadanía madrileña como si se tratara de un fenómeno natural, tan natural que no ven la necesidad de plantearse qué no está funcionando en la Comunidad de Madrid cuando hay que hablar de personas que pasan hambre, de personas malnutridas, de personas que trabajan y no pueden cubrir las necesidades básicas de sus familias.
El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, sin embargo estos representantes no utilizan el concepto de derechos humanos porque ignoran su significado y contenido, ignorancia muy grave ya que la Comunidad de Madrid, al igual que el Estado español, como poderes públicos, están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todas las personas porque son titulares de tales derechos.
En el momento de conocer las distintas posiciones referidas a la citada iniciativa legislativa había en el hemiciclo bastantes sillones vacíos. Muchos representantes políticos acudieron única y exclusivamente para darle al botón del sí o del no, según las órdenes recibidas de la autoridad competente. Tal proceder supone un escándalo para la ciudadanía honesta y responsable, que la hay, y se traduce en desapego así como falta de interés de nuestros representantes políticos por los asuntos de su propia comunidad.
¿Todavía alguien puede poner en duda el valor de un solo voto?
Teresa de Febrer
Imagen: Leticia Roncero_CC BY-NC 2.0
