José María Medina Rey, director de PROSALUS
Hoy, 10 de diciembre, es el Día Mundial de los Derechos Humanos, porque, un día como hoy, en 1948, la Asamblea de Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, una pieza clave en la sostenibilidad de los Estados sociales y democráticos de Derecho.
Las diferentes generaciones de derechos humanos –que encontraron reflejo en la Declaración Universal– han buscado crear los cimientos de una sociedad más justa y más equitativa, es decir, más sostenible. Comenzando por la limitación de las intromisiones del poder político en determinados ámbitos de la vida individual de las personas (derechos civiles), pasando por el reconocimiento de la posibilidad de participar activamente en la construcción de lo público (derechos políticos) hasta la garantía de unas condiciones materiales mínimas que permitan una vida digna (derechos económicos, sociales y culturales -DESC-), los derechos humanos son un elemento clave de la sostenibilidad social y política de los Estados.
En tiempos de crisis económica, como los que estamos viviendo, no es raro oír cuestionamientos sobre algunos de los derechos humanos, especialmente los DESC, como “derechos caros”, un lujo que no nos podemos permitir. Sin embargo, todos los derechos humanos tienen una función importante que cumplir en la sostenibilidad de nuestro modelo de sociedad. Así como en el tránsito del Antiguo Régimen hacia el Estado liberal los derechos civiles y políticos jugaron el papel de cuestionar el carácter absoluto del poder y defender espacios de libertad de cada ciudadano –espacios que debían ser respetados, protegidos y garantizados por el Estado–, en el Estado social de Derecho identificamos que las personas necesitan protección frente al mercado, frente a los grandes poderes económicos.
La experiencia social y política de las últimas décadas nos muestra que el crecimiento económico, cuando se ha dado, ha solido ir acompañado de un crecimiento de las brechas y la desigualdad. Esta situación debilita el sentido de pertenencia de los ciudadanos a sus sociedades. Si el crecimiento no va acompañado de equidad, de redistribución, no es posible avanzar hacia sociedades más cohesionadas. Para ello, son esenciales políticas sociales bien dotadas y eficaces, que aseguren la lucha contra la pobreza y la universalización y la calidad de los servicios públicos básicos en todos los sectores sociales. Los ciudadanos que se sienten excluidos de los beneficios sociales no se pueden sentir parte de un proyecto común de sociedad. Y sin esa integración, la paz social será muy difícil de construir, con el perjuicio que implicará para todos los sectores.
La dignidad de la persona –que implica que debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca como un medio o instrumento– conlleva la necesidad de establecer unos límites al poder económico y defender unos derechos que garanticen unas condiciones mínimas dignas para la existencia humana. Fundar la cohesión y paz social sobre la realización de los derechos humanos de toda la población –de todos los derechos, incluidos los DESC– parece la forma más justa y sólida de hacerlo. La tutela de los DESC aparece como fundamental para el buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho.
Más que cuestionar la sostenibilidad económica de algunos derechos humanos habría que preguntarse si el Estado democrático de Derecho puede ser sostenible prescindiendo de estos derechos. En lugar de cuestionar su existencia se requiere encontrar soluciones para el problema de su condicionante económico, del mismo modo que se han encontrado soluciones para realizar el rescate bancario, porque la no realización de los derechos humanos –incluidos los DESC–, además de un atentado contra la dignidad humana, implica un debilitamiento progresivo del propio Estado democrático de Derecho.
Hoy la comunidad internacional está otra vez reunida en París, discutiendo sobre otra de las dimensiones de la sostenibilidad, la del medioambiente. Desde hace casi 50 años se vienen produciendo resoluciones, informes, declaraciones, estudios… en el seno de Naciones Unidas –especialmente por parte de la Asamblea General, del Consejo de Derechos Humanos , de las relatorías especiales y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos– que advierten del impacto negativo que el deterioro medioambiental tiene sobre la realización de los derechos humanos.
Aunque todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, algunos de ellos son más susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental, como es el caso de los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda. Y en esta reflexión, los organismos de Naciones Unidas vienen advirtiendo de que las consecuencias se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de población que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La reflexión y la toma de decisión que debería producirse en París, en la COP 21, tendría que partir esta consideración de los derechos humanos. El calentamiento global y el consiguiente cambio climático, producido en mayor medida por los países desarrollados y sufrido principalmente por las poblaciones más pobres y vulnerables de algunos países en desarrollo, está atentando contra los derechos humanos de cientos de millones de personas. No actuar de forma decidida implica atentar –aunque sea por omisión– contra los derechos humanos. Y esto no es sostenible de ninguna manera.
Imagen: women_farmer_uganda_undp_cc_by_nd-nc_2.0
